La denuncia sobre un presunto intento de coacción mediática en el estado Anzoátegui fue realizada por los abogados José Antonio Marín Figuera y Javier Villarroel Rodríguez, quienes reprocharon el accionar de portales digitales y páginas anónimas que buscan presionar e influir en las decisiones del poder judicial.
Los abogados José Antonio Marín Figuera y Javier Villarroel Rodríguez alertaron sobre un presunto intento de coacción mediática contra el sistema de administración de justicia del estado Anzoátegui, durante una comparecencia con medios de comunicación locales.
Ambos juristas reseñaron el apoyo gremial en la causa del colega Armando Orocopey, detenido recientemente, y advirtieron sobre cómo el sesgo digital estaría predisponiendo los roles dentro del proceso legal.
«Hace pocas semanas hicimos pública la defensa técnica que ostentamos del colega Armando Orocopey, defensa ejercida en solidaridad con un colega injustamente detenido. Han sido muchos los mensajes de apoyo recibidos, incluso del Colegio de Abogados de Anzoátegui», señaló Marín Figuera.
Defensa técnica y apelación+
El abogado explicó que su firma ha estado presente en la audiencia de calificación de flagrancia, solicitando diligencias de investigación y certificaciones médicas, además de procurar un centro de reclusión más acorde. También ejercieron el derecho de apelación, que será conocido próximamente por la corte.
Reproche a portales digitales.
Los juristas denunciaron públicamente el accionar de páginas digitales que, bajo anonimato, buscan coaccionar al poder judicial. «Esas páginas atentan contra magistrados de la corte, contra nuestra ética como profesionales y contra una gestión emblemática de la presidencia del circuito», afirmó Marín.Ambos abogados se deslindaron de estas iniciativas virtuales, calificándolas de maliciosas y contrarias a la integridad judicial.Exhorto al Poder Ciudadano
Marín Figuera y Villarroel Rodríguez exhortaron al Ministerio Público y al Consejo Moral Republicano a investigar estos portales y sus financistas, a quienes acusan de incitar al odio, la difamación y la extorsión.«Instamos a la Fiscalía a que aperture una investigación sobre esas páginas y sus colaboradores, que actúan como sociedades criminales y pretenden coaccionar al poder judicial», enfatizaron.
Finalmente, invitaron a la comunidad jurídica a una defensa gremial conjunta, resaltando la importancia de consumir información a través de medios acreditados y periodistas apegados a la ley, para evitar caer en la desinformación.
Con información de nota de prensa